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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela emitió un aviso oficial donde manifiesta que los certificados de habilitación de los vehículos de carga, venezolanos o colombianos, requeridos para llevar o traer carga entre los dos países y que vencieron el pasado 21 de abril, han sido prorrogados por 90 días, así estén vencidos.
Eso quiere decir que los transportadores no deben tener problemas para movilizar mercancía de un país al otro, explicó el presidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo.
De presentarse abusos de parte de cualquier funcionario de entes oficiales involucrados en operaciones de comercio internacional, contra alguna empresa de transporte o transportista en particular, debe ser denunciado ante la Unidad de Transporte Internacional, en la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, para que se adopten los correctivos correspondientes.
"Ya hemos comunicado al nivel central ciertas malas interpretaciones y abusos por parte de algunos funcionarios, quienes han tratado de desconocer esta prórroga y han intentado coaccionar u obligar a los transportistas a darles dinero para permitirles seguir trabajando. Tenemos claras estas decisiones y esperamos que las situaciones irregulares sean corregidas", dijo Rozo.
El dirigente gremial se refirió también a que la prórroga acordada por los gobiernos de Colombia y Venezuela es en materia arancelaria, para que los bienes y servicios que se intercambian entre las dos naciones sigan libres de impuestos.
No obstante, todas aquellas decisiones y convenios tomados en el seno de la Comunidad Andina, distintos al comercio, como es el caso de la protección jurídica que tenían los trabajadores extranjeros y emigrantes, han cesado.
Señaló que la protección jurídica era una de las herramientas que permitían que los trabajadores de la Comunidad Andina se desplazaran de uno a otro lado de la frontera y tuvieran un mecanismo de protección.
Debido al cese de ese mecanismo, la convivencia fronteriza entre Colombia y Venezuela continuará rigiéndose por el Tratado de Tonchalá, el cual fue suscrito en los años 40 por los mandatarios de ese entonces.
Rozo reiteró que tras la publicación oficial de la prórroga de los acuerdos en materia de comercio y transporte, los transportistas no deben tener problemas al momento de llevar o traer mercancías entre un país y el otro. Sin embargo, han recibido denuncias contra algunas autoridades colombianas por presuntos abusos contra transportistas venezolanos.
Esas denuncias han sido comunicadas al cónsul de Venezuela en Cúcuta, Sergio Arias Cárdenas, quien ha tomado nota. También han enviado comunicaciones al embajador de Venezuela en Bogotá, para que proceda por los canales regulares ante las autoridades centrales de ambos países.
Eso quiere decir que los transportadores no deben tener problemas para movilizar mercancía de un país al otro, explicó el presidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo.
De presentarse abusos de parte de cualquier funcionario de entes oficiales involucrados en operaciones de comercio internacional, contra alguna empresa de transporte o transportista en particular, debe ser denunciado ante la Unidad de Transporte Internacional, en la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, para que se adopten los correctivos correspondientes.
"Ya hemos comunicado al nivel central ciertas malas interpretaciones y abusos por parte de algunos funcionarios, quienes han tratado de desconocer esta prórroga y han intentado coaccionar u obligar a los transportistas a darles dinero para permitirles seguir trabajando. Tenemos claras estas decisiones y esperamos que las situaciones irregulares sean corregidas", dijo Rozo.
El dirigente gremial se refirió también a que la prórroga acordada por los gobiernos de Colombia y Venezuela es en materia arancelaria, para que los bienes y servicios que se intercambian entre las dos naciones sigan libres de impuestos.
No obstante, todas aquellas decisiones y convenios tomados en el seno de la Comunidad Andina, distintos al comercio, como es el caso de la protección jurídica que tenían los trabajadores extranjeros y emigrantes, han cesado.
Señaló que la protección jurídica era una de las herramientas que permitían que los trabajadores de la Comunidad Andina se desplazaran de uno a otro lado de la frontera y tuvieran un mecanismo de protección.
Debido al cese de ese mecanismo, la convivencia fronteriza entre Colombia y Venezuela continuará rigiéndose por el Tratado de Tonchalá, el cual fue suscrito en los años 40 por los mandatarios de ese entonces.
Rozo reiteró que tras la publicación oficial de la prórroga de los acuerdos en materia de comercio y transporte, los transportistas no deben tener problemas al momento de llevar o traer mercancías entre un país y el otro. Sin embargo, han recibido denuncias contra algunas autoridades colombianas por presuntos abusos contra transportistas venezolanos.
Esas denuncias han sido comunicadas al cónsul de Venezuela en Cúcuta, Sergio Arias Cárdenas, quien ha tomado nota. También han enviado comunicaciones al embajador de Venezuela en Bogotá, para que proceda por los canales regulares ante las autoridades centrales de ambos países.
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