¿GARANTIZAN DERECHOS A PERSONAS CON IDENTIDAD DE GÉNERO DIVERSA?

Un total de 107 sentencias de la Corte Constitucional fueron revisadas por el semillero de la Universidad Simón Bolívar (SINDEH) para establecer si en el país se están garantizando los derechos fundamentales a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa en Colombia.

El propósito de la investigación era también conocer si la jurisprudencia colombiana había evolucionado y cómo se le reconocía a esta población el goce de sus derechos.

La idea surgió un día cualquiera de 2016 cuando profesores y estudiantes pertenecientes al Semillero de Investigación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (SINDEH) de la Universidad Simón Bolívar, en un salón de clases quisieron ahondar en cómo y cuáles eran las garantías que tenía la población LGTBI desde 1991; es decir, 25 años después de que se incorporara mediante la nueva Constitución Política el término Estado Social de Derecho.

María Susana Marlés Herrera, profesora de la institución, politóloga y magíster en Ciencia Política, cabeza visible en el desarrollo de la investigación, recordó que fue emocionante comenzar a indagar las sentencias hasta 2016, pues coincidía con el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, ya que era crucial para la población saber cómo, desde las altas esferas del Estado, se discutían temas en torno a género y población LGBTI. 

Los primeros en unirse a este trabajo fueron los estudiantes de los programas académicos de Derecho y Trabajo Social Wilkar Mendoza, Patricia Guerrero, Samuel López, Mateo Piza, Johan Estupiñán y Luis Edwin Patiño, quienes consideraron que las decisiones de los jueces, en este caso, no solo aplicaban a una minoría, sino que los alcances se interpretaban erga omnes, es decir, para todos. 

Patiño, quien es director de la Fundación Rostros Diversos, la cual defiende los derechos de la población con identidad sexual y con identidad de género diversa, dijo que para los integrantes del semillero era evidente la problemática, “especialmente por la incidencia política respecto al no reconocimiento de los derechos que acompaña a esta población”.

En 2016, cuando inició la investigación, era tema de fuertes polémicas si en el país se permitiría el matrimonio entre parejas homosexuales, el reconocimiento de la familia homoparental, pensión de sobrevivencia para gais, la herencia y otros derechos exclusivos, al parecer, de los heterosexuales. 

Según los investigadores, “fue así cuando se hizo necesario realizar una reflexión en relación a conceptos como género, sexo, orientación e identidad sexual, lográndose considerar, desde el diálogo riguroso en el marco jurídico nacional e internacional, que cada vez más se plantean nuevas discusiones en relación a concepciones utilizadas por varios, pero desconocidas por muchos”. 

Términos como intersexual, la persona que nace con los dos órganos reproductivos y transgénero, aquella que no se identifica con el sexo de su cuerpo, fueron materia de estudio. 

“Durante la investigación fue posible establecer que las personas con sexualidad e identidad de género diversas exigen el reconocimiento y el restablecimiento del derecho a una relación civil de matrimonio, a adoptar y a poder conformar una familia. ¡Y lograron muchas de esas pretensiones! Aunque en otros casos no obtuvieron respuestas, puesto que los jueces se abstuvieron de fallar a su favor, argumentando libertad/objeción de conciencia”, indicaron los investigadores.

El Semillero de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (SINDEH) realizó una exhaustiva revisión de las sentencias en la Universidad Simón Bolívar (Biblioteca Anita Bolívar de Consuegra). 

¿Qué arrojó la indagación?

El resultado de la minuciosa tarea de revisión de sentencias, de normas internacionales y de los pronunciamientos de más de 10 organizaciones de personas con orientación sexual e identidad de género diversas, presentes en Norte de Santander, permitió revelar importantes avances en la jurisprudencia colombiana; no obstante, también evidenció que el país no ha logrado superar la visión desde la heteronormatividad, “soportada en un patriarcado ancestral, arraigado en el imaginario social”.

Por ello, continúa vigente la importancia de plantear preguntas como ¿qué tan equitativas, justas e igualitarias, son las normas en Colombia? Ello, porque el resultado obtenido en dicho proceso demostró que, aunque el desarrollo en el restablecimiento de los derechos avanza, pareciera que el sistema judicial y la institucionalidad en general, aún se muestra “renuente en reconocer desde la igualdad y dignidad, el enfoque diferencial que corresponde, en términos de seguridad jurídica, a todos los ciudadanos en el país, sin distingo alguno”, sostuvo Marlés.

Este ejercicio académico identificó ocho ejes temáticos, desde los cuales la Corte Constitucional se ha pronunciado: la identificación jurídica coherente y digna; la libre manifestación de condiciones sexuales diversas; el acceso e inclusión en instituciones educativas; las políticas internas en la fuerza pública; la reasignación sexual; el reconocimiento y protección de la población intersexual; la seguridad social a la pareja y el reconocimiento de los vínculos maritales y familiares.

Con base en la minuciosa revisión y el resultado, se concluyó que básicamente la Corte va decidiendo dinámicamente; a veces, ampliando garantías, otras veces retrocediendo un poco, pero en otras situaciones cambiando, según los contextos. También se observó “que la Corte se inhibió en otros momentos de pronunciarse a favor. Por ello, fue posible afirmar que los derechos reconocidos a la fecha, no son un logro definitivo”.