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martes, 30 de agosto de 2016

Ejército golpea contundentemente la estructura de finanzas terroristas del Eln en Norte de Santander


En el marco de las operaciones del plan “Relámpago Rojo” contra el Eln, las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional Antinarcóticos de Norte de Santander en una contundente operación contra los corredores de movilización de las finanzas terroristas, ubicó un depósito ilegal con insumos para procesar clorhidrato de cocaína e importante material de guerra y equipos de comunicación, en el Catatumbo.

El minucioso trabajo de la inteligencia militar y el desarrollo de las operaciones, logró establecer en zona rural de la vereda Los Dos Amigos en el municipio de Tibú, una estructura elaborada en  madera y techo de zinc empleada como depósito ilegal para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Las tropas de la Brigada Móvil No. 30, desplegaron todas sus capacidades y manteniendo los protocolos de seguridad ingresaron al sector.  Al parecer algunos bandidos que se encontraban cerca al depósito ilegal, se percataron de la proximidad de las tropas y ante la incapacidad de enfrentar al Ejército Nacional, decidieron huir abandonado el material de guerra y equipos de comunicación. 

Durante el registro los soldados reportaron el hallazgo de siete pistolas calibre 9 mm, una subametralladora calibre 9 mm, dos escopetas, 08 proveedores para pistola 9 mm, 04 proveedores para subametralladora y munición de diferentes calibres, así mismo, el Eln albergaba en este lugar, más de 1550 kilos de insumos solidos, 142 galones de insumos líquidos, dos plantas de energías, hornos microondas, empacadoras al vacío, grameras digitales, canecas plásticas vacías, entre otros elementos necesario para procesar alcaloides.

El  depósito ilegal tenía un valor aproximado de 113 millones de pesos, propinando un golpe directo al subsistema de finanzas terroristas.

La Fuerza de Tarea Vulcano, con este resultado tangible continúa con el cumplimiento del mandato constitucional que establece la garantía de un estado social de derecho que impide la financiación de grupos armados organizados al margen de la ley.

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