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Un llamado a la inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad víctimas del conflicto armado en Norte de Santander, hizo el gobernador, Edgar Díaz Contreras, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las minas antipersonal.
El Mandatario Regional recordó que los sectores productivos del Departamento se pueden acoger a los beneficios tributarios que otorga la Ley 361 de 1997 para aumentar la oferta laboral en la región hacia los discapacitados.
“Tan solo si llegamos a hacerlo y empezamos seriamente a trabajar en pro del beneficio de toda la comunidad, estamos contribuyendo a la conformación de un territorio en el cual daríamos un paso importante para erradicar cualquier forma de exclusión,” comentó, Díaz Contreras.
Sus declaraciones tuvieron lugar durante el Foro organizado por la Secretaría de Gobierno para tratar este tema con el fin de integrar a las víctimas y al aparato productivo del departamento para que todos los afectados para que mejoren las condiciones de vida de ellos y su núcleo familiar.
Dicha ley establece que la persona a ser contratada debe tener mínimo una limitación no inferior al 25%, lo cual lo puede calificar la EPS o la ARS del Sistema de Seguridad Social al que se encuentre afiliada.
Además, las empresas podrán acceder a incentivos como:
• Deducción en la renta: El empleador que esté obligado a presentar declaración de renta y complementarios, tiene derecho a deducir de este capital, el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores en condición de discapacidad, mientras esta vinculación laboral subsista.
• Preferencia de sus productos adquiridos por el Estado: Las entidades estatales de todo orden, preferirán en igualdad de condiciones, los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro constituidas con personal con alguna afectación física.
• Créditos con entidades estatales: Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de esta población.
• Ventajas para la empresa en Licitaciones Públicas: La persona o empresa será preferido en igualdad de condiciones en procesos de contratación estatal por licitación pública, si la nómina cuenta con mínimo el 10 % de empleados discapacitados.
• Menor cuota de aprendices: El empleador que esté obligado a cumplir una Cuota de Aprendices, reducirá en un 50% la cantidad de aprendices que debe vincular, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%.
Según las cifras que maneja el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal “PAICMA”, Colombia es el segundo país con mayor presencia de víctimas de este flagelo, con un dato superior a los 10 mil afectados.
En cuanto a cifras sobre la afectación de estos artefactos explosivos, El Jefe de la Administración Regional, señaló que para “el caso concreto de Norte de Santander, tenemos que desde 1992 a febrero 28 de 2014, los accidentes de minas antipersonal han dejado un saldo de 755 víctimas, de las cuales 170 han fallecido, y 585 heridos, lo que ubica a nuestro departamento en el cuarto puesto a nivel nacional con mayor presencia de artefactos explosivos, y al Catatumbo, como la segunda región con presencia de minas antipersonal.”
El Mandatario Regional recordó que los sectores productivos del Departamento se pueden acoger a los beneficios tributarios que otorga la Ley 361 de 1997 para aumentar la oferta laboral en la región hacia los discapacitados.
“Tan solo si llegamos a hacerlo y empezamos seriamente a trabajar en pro del beneficio de toda la comunidad, estamos contribuyendo a la conformación de un territorio en el cual daríamos un paso importante para erradicar cualquier forma de exclusión,” comentó, Díaz Contreras.
Sus declaraciones tuvieron lugar durante el Foro organizado por la Secretaría de Gobierno para tratar este tema con el fin de integrar a las víctimas y al aparato productivo del departamento para que todos los afectados para que mejoren las condiciones de vida de ellos y su núcleo familiar.
Dicha ley establece que la persona a ser contratada debe tener mínimo una limitación no inferior al 25%, lo cual lo puede calificar la EPS o la ARS del Sistema de Seguridad Social al que se encuentre afiliada.
Además, las empresas podrán acceder a incentivos como:
• Deducción en la renta: El empleador que esté obligado a presentar declaración de renta y complementarios, tiene derecho a deducir de este capital, el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores en condición de discapacidad, mientras esta vinculación laboral subsista.
• Preferencia de sus productos adquiridos por el Estado: Las entidades estatales de todo orden, preferirán en igualdad de condiciones, los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro constituidas con personal con alguna afectación física.
• Créditos con entidades estatales: Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de esta población.
• Ventajas para la empresa en Licitaciones Públicas: La persona o empresa será preferido en igualdad de condiciones en procesos de contratación estatal por licitación pública, si la nómina cuenta con mínimo el 10 % de empleados discapacitados.
• Menor cuota de aprendices: El empleador que esté obligado a cumplir una Cuota de Aprendices, reducirá en un 50% la cantidad de aprendices que debe vincular, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%.
Según las cifras que maneja el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal “PAICMA”, Colombia es el segundo país con mayor presencia de víctimas de este flagelo, con un dato superior a los 10 mil afectados.
En cuanto a cifras sobre la afectación de estos artefactos explosivos, El Jefe de la Administración Regional, señaló que para “el caso concreto de Norte de Santander, tenemos que desde 1992 a febrero 28 de 2014, los accidentes de minas antipersonal han dejado un saldo de 755 víctimas, de las cuales 170 han fallecido, y 585 heridos, lo que ubica a nuestro departamento en el cuarto puesto a nivel nacional con mayor presencia de artefactos explosivos, y al Catatumbo, como la segunda región con presencia de minas antipersonal.”
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