Restituido primer predio urbano de Cúcuta, reclamado por víctimas de la violencia

La más reciente sentencia, proferida el pasado 23 de agosto por una autoridad especializada en restitución de Norte de Santander, ordena, por primera vez en este departamento, la devolución de un predio ubicado en la zona urbana de Cúcuta, lo que demuestra que la aplicación de la Ley 1448 del 2011 marcha en todo el territorio nacional.

Ante la noticia, el equipo de la Unidad de Restitución de Tierras y la persona solicitante se mostraron conformes, por cuanto el fallo dejó en evidencia los atropellos que sufrió la familia restituida, teniendo en cuenta, además, que quienes padecieron el despojo eran adultos mayores en situación de indefensión.

Los hechos se remontan a finales de la década de los años 90 cuando Jesús Ovidio compra una modesta casa con el fin de hacer más llevadera la vejez de sus padres. El predio, de 398 metros cuadrados, se encuentra en un sector del occidente de Cúcuta.

Luego de seis años en que los adultos mayores habitaron sin contratiempos el hogar que con esfuerzo uno de sus hijos logró proveerles, en este sector de la ciudad comenzaron a hacer presencia hombres vestidos de negro que se identificaban como pertenecientes a un grupo de vigilancia privada y que, según las autoridades, pertenecían a grupos paramilitares.

Tras coaccionar a la comunidad con cobros o cuotas por el supuesto servicio de vigilancia, a mediados del año 2002 integrantes de este grupo asesinaron, a plena luz del día y cerca de la casa, a uno de los hijos de la pareja de adultos mayores, hermano del propietario del predio.

Los padres, a raíz del dolor generado por este crimen, se ausentaron una semana del lugar y permanecieron en la vivienda de otro de sus hijos.

Al regresar al que fuera su hogar, se encontraron con la sorpresa de que la vivienda se encontraba habitada por otras personas que ingresaron violentando los candados que la familia había dejado por seguridad.

“Salió un señor y nos dijo: ‘váyanse que esta casa es ahora de nosotros, aquí no tienen nada que hacer’, y cerró, dejándonos por fuera”, recuerda una de las víctimas.

Impotentes, el par de ancianos regresaron junto al hijo que los albergó los días de duelo, teniendo que resignarse a ver usurpado el derecho adquirido sobre el predio que les había entregado su familiar.

Sin embargo, hace alrededor de un año la familia, encabezada por el hijo dueño del predio, se enteró del proceso de restitución y presentó la solicitud ante la Unidad, con la esperanza de recuperar algún día la que fuera su casa.

Iniciado el proceso, y surtidos los pasos dentro de la etapa administrativa, al caso se vincularon opositores que reclamaban el pago de unas supuestas mejoras que, aseguraban, habían hecho al inmueble, por concepto de cuatro millones de pesos.

Esta pretensión no prosperó, por lo que la sentencia emitida por un magistrado de Cúcuta restituye incólume el derecho de la familia despojada sobre el predio invadido.

Según el documento definitivo, se niega el “reconocimiento de mejoras formulado por carecer de la calidad de tenedores de buena fe exenta de culpa”. De la misma manera, entre los apartes de la sentencia se ordena la restitución jurídica y material del predio, así como el restablecimiento del derecho de dominio sobre el bien y las mejoras que se han declarado plantadas sobre este.

La sentencia ordena al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial evaluar las condiciones de la vivienda y asignar al núcleo familiar restituido el subsidio de vivienda en la modalidad que corresponda.

El juez también se ordena incluir a la familia restituida en programas relacionados con acompañamiento en el proceso de retorno, salud, seguridad alimentaria, educación y ayuda psicológica, al tiempo que se evalúa la necesidad de vinculación en los programas y proyectos de estabilización socioeconómica que se adopten para atender a la población desplazada, siendo indemnizada la familia si a ello hubiera lugar conforme lo dispuesto en el capítulo III, artículo 146 y s.s. del Decreto 4800 de 2011.

Al parecer, tan evidente quedó el delito padecido y la falta de buena fe exenta de culpa por parte de los opositores, que el fallo pide, además, compulsar copias de las piezas procesales a la Fiscalía Seccional de Cúcuta, con el fin investigar y determinar los responsables del desplazamiento y despojo.

Con esta sentencia ya son siete los fallos en Norte de Santander que devuelven tierras despojadas por la violencia a sus legítimos propietarios. Estas decisiones suman 132 hectáreas y 1.339 metros cuadrados restituidos gracias a la labor de la Unidad de Restitución de Tierras en el departamento.