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“Como los de la rama judicial, los del Ministerio Público o la Contraloría, y ahora pretenden extenderlo al universo de los servidores públicos, estas decisiones que han dado pie a los llamados carruseles de pensiones pueden tener un costo entre 11.7 y 20 billones de pesos al año 2010, que podría adicionarse incluso en 37 billones si se extendiera a todos los demás servidores del Estado”, indicó Santos.
El Jefe de Estado agregó que es necesario tener una instancia definida y un sistema de unificación jurisprudencial.
Reiteró la urgencia de avanzar en el proyecto de Reforma a la Justicia, que busca ayudar a corregir las dificultades que se presentan en la administración judicial y a hacer realidad “una justicia más pronta, oportuna, cumplida y eficaz para todos los colombianos”.
“Esto nos reafirma en la urgencia de avanzar en una reforma integral a la justicia, no sólo constitucional sino también a nivel de los códigos, y en su administración”, afirmó el Presidente, quien subrayó que esa reforma es uno de los ‘pendientes’ en materia jurídica.
El mandatario señaló que con esta iniciativa, su administración también busca seguridad jurídica y descongestionar los despachos judiciales.
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