Con el objetivo de promover la creación de unidades productivas que incentiven la
industria de la ilegalidad, la Gobernación por intermedio de la Alta Consejería
para la Competividad participó en la entrega de 142 millones de pesos a
beneficiarios del programa de reconversión socio laboral.
La entrega de estos recursos se realizó hoy
(miércoles) en el marco de la clausura de la fase de formación 2014 del
programa de emprendimiento adelantado en las instalaciones de la alcaldía de
Cúcuta.
Eugenio Rangel Manrique Alto Consejero para
la Competividad indicó, que se pudo beneficiar a 39 personas de Cúcuta, Villa
del Rosario, Puerto Santander y Tibú por intermedio de la entrega de cheques distribuidos así: 67 millones de pesos para capital semilla; $60
millones para créditos y 15 millones para fortalecimiento.
Aseguró, que
por directrices del gobernador Edgar Diaz Contreras se busca seguir
promoviendo la financiación de planes de negocios para personas vulnerables en
los municipios más afectados por la venta ilegal de la gasolina y contrabando.
“Entre los planes de negocios formulados por
los beneficiarios se encuentran actividades relacionadas con ferreterías,
ventas de lubricantes, distribuidoras de víveres, tiendas, restaurantes,
panaderías y heladerías que les permitirá obtener recursos importantes y la
consolidación de empresas en momentos en los cuales la región enfrenta una crisis económica.
A la actividad protocolaria de entrega de
recursos asistieron representantes de las entidades que hacen parte de este
programa como Ecopetrol, Fundescat, alcaldía de Cúcuta, Coomulpinort y Sena.
Además de la entrega de recursos, los nuevos
microempresarios recibieron certificación por parte del Sena y Fenalco en temas
de emprendimiento y planes de negocios, cultura de servicio al cliente,
tenderos, higiene y manipulación de alimentos, cocina básica, comidas rápidas,
panadería y pastelería, mecánica de motores diésel, entre otros.
Finalmente,
Rangel recalcó la importancia de este Programa de Reconversión
Sociolaboral liderado por el Ministerio de Minas y Energía que busca generar un
cambio de actividad económica y promover una cultura de legalidad en la población que trabaja en el comercio
ilícito de combustible en las zonas de fronteras.




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