GOBERNACIÓN ENCABEZÓ COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL AMPLIADO

Con el objetivo de Implementar, diseñar, planificar y evaluar la implementación de la política de atención y reparación integral a las víctimas en Norte de Santander, sesionó el Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado conforme a la ley 1448 de 2011. 

Gregorio Angarita Lamk gobernador(e) aseguró, que la realización del Consejo sirvió para entregar informes previos sobre las acciones que se han emprendido por parte de las Instituciones a favor de las víctimas, discutiendo las amplias necesidades de formación y capacitación del personal que actualmente ejecutan las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral. 

Indicó que siendo el Comité de Justicia Transicional (CJT) la máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de la política pública en el departamento, en la reunión se pudo evidenciar las actuales condiciones que tienen las cerca de 240 mil personas en espera de su reparación. 

“Se tiene el registro de un 42% de familias que en la actualidad se encuentran en ciclo previo para la indemnización, con la posibilidad de ayudas humanitarias en un proceso continuo de garantías y de no repetición, lo cual garantiza un programa de intervención sustancial para aliviar su condición victimaria”, manifestó Lamk. 

Adujo que existen varios componentes que requieren mayor esfuerzo en materia de salud, empleo, seguridad y garantías para las personas afectadas. “Por orientaciones del Gobernador Edgar Díaz se esta trabajando en el cumplimiento a la atención, restitución de tierras y estructuración de proyectos a beneficio de estas personas, que requieren de una asistencia eficaz y oportuna”, puntualizo el funcionario. 

La reunión se llevó a cabo en el Club Comercio de Cúcuta con la presencia de cada uno de los integrantes del comité en cabeza del gobernador(e) Gregorio Angarita Lamk; el secretario de Víctimas Ronald Mauricio Contreras, Nohora Oliveros, Secretaria de Gobierno; Luddy Paez Ortega, Secretaria de Educación, representantes de la Defensoría del Pueblo, Incoder, Procuraduría, Instituto Departamental de Salud, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, la Unidad de Víctimas y los Alcaldes del departamento.