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Solicitar ante las
autoridades competentes los permisos respectivos, que permitan en coordinación
con la Policía Nacional, Organismos de Socorro y el acompañamiento de la
Defensoría del Pueblo, garantizar los derechos colectivos y la normalidad del
orden público, pidieron las autoridades de gobierno, instituciones de seguridad
y gremios de la producción a los líderes campesinos.
La anterior petición
se hace con base a la circular 02 de 2014 remitida por el Ministerio del
Interior a los Mandatarios Seccionales y Municipales, en la que los insta a
acatar las normas para otorgar las autorizaciones respectivas para la
movilización y demás que garanticen el normal desarrollo de protesta social.
Según los
representantes de Ascamcat los marchantes saldrán de la zona de Catatumbo
(Tibú, El Tarra, Convención, Teorama, El Carmen, San Calixto, Hacarí, La Playa, Abrego, Sardinata y Ocaña),
este martes y se desplazarán hacia la capital santandereana para participar del
paro pacífico previsto para este 9 de mayo.
Mediante un
comunicado a la opinión pública, el gobernador (e), Gregorio Angarita
Lamk, los representantes de la
Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, CTI,
Migración Colombia, Cámara de Comercio, Fenalco y Gremios del Sector
Productivo, acordaron respetar los derechos a la libre movilización y protesta
pacífica por parte de las autoridades.
Así mismo, de
conformidad con la Constitución Política se garantizará el derecho a la reunión
y a la protesta, pero ésta deberá cumplir con la condición de efectuarse sin
armas y no afectar los derechos fundamentales de quienes no participan en la
protesta, en cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Código Nacional de
Policía.
De igual manera, se
velará por los derechos de toda la población a la libre movilidad, la apertura
de los establecimientos comerciales, el normal funcionamiento de los centros
educativos, de salud y de las demás instituciones.
La Procuraduría
Regional de Norte de Santander exhorta a los Gobernadores y Alcaldes a resguardar
el orden público en su jurisdicción como primeras autoridades policiales y por
tal efecto deberán garantizar el buen uso y restablecimiento en su defecto de
la vía pública, el respeto a propiedad, trabajo, desarrollo al comercio,
educación, entre otros como garantías constitucionales.
Finalmente, señalan
que le agradecen a la comunidad la confianza en las instituciones con nuestro
compromiso de garantizar el orden público, la tranquilidad de sus familias, la
prestación de los servicios públicos, la continuidad de las actividades
empresariales y de la productividad de la región.
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