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A raíz del elevado número de personas desaparecidas en Norte de Santander, se instaló formalmente la Mesa de Trabajo Departamental contra este delito, para aunar esfuerzos que permitan exigir al Gobierno Nacional exactitud en el número de víctimas y la no repetición de estos hechos, que al 2013, tiene cifras superiores a los 3.200 afectados.
En el encuentro que se sostuvo, en el salón Eustorgio Colmenares, participaron, la secretaria de Gobierno, Nohora Oliveros Quintero; Wilfredo Cañizares, director de la ONG Progresar, representantes de la Defensoría del Pueblo, Departamento para la Prosperidad Social, Unidad Nacional de Protección y la Policía de Norte de Santander.
Oliveros Quintero, expresó que cerca de un 1% del total de los casos que se han denunciado tienen en estos momentos un proceso judicial y de investigación abierto, lo que indica que no se ha generado un diagnóstico para darle tranquilidad a las madres que lloran todos los días a sus hijos y familiares.
“El alto número de víctimas de este hecho punible nos llevó a pensar en un escenario donde se trabaje con las entidades que tienen mandato legal para prevenir más casos como los que han venido ocurriendo en el Área Metropolitana de Cúcuta, El Tarra, Tibú y Ocaña. La dinámica de estos actos punibles ha llevado a que se vean afectados directamente niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos,” comentó Cañizares.
Añadió que “un 50% de los delitos, fueron cometidos por los grupos paramilitares hasta el 2004, y del 2005 al 2013, casi el 90% de las desapariciones las han realizado Los Urabeños y Los Rastrojos, y el 8% de los casos reportados en este periodo, se han vinculado a grupos ilegales de narcotráfico, mafias y funcionarios públicos que cometen estas prácticas.”
Los familiares de los desaparecidos como Blanca Elisa Rincón, sostuvieron, que esperan conocer la verdad sobre los hechos y es lo único que le piden a las autoridades correspondientes.
En el encuentro que se sostuvo, en el salón Eustorgio Colmenares, participaron, la secretaria de Gobierno, Nohora Oliveros Quintero; Wilfredo Cañizares, director de la ONG Progresar, representantes de la Defensoría del Pueblo, Departamento para la Prosperidad Social, Unidad Nacional de Protección y la Policía de Norte de Santander.
Oliveros Quintero, expresó que cerca de un 1% del total de los casos que se han denunciado tienen en estos momentos un proceso judicial y de investigación abierto, lo que indica que no se ha generado un diagnóstico para darle tranquilidad a las madres que lloran todos los días a sus hijos y familiares.
“El alto número de víctimas de este hecho punible nos llevó a pensar en un escenario donde se trabaje con las entidades que tienen mandato legal para prevenir más casos como los que han venido ocurriendo en el Área Metropolitana de Cúcuta, El Tarra, Tibú y Ocaña. La dinámica de estos actos punibles ha llevado a que se vean afectados directamente niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos,” comentó Cañizares.
Añadió que “un 50% de los delitos, fueron cometidos por los grupos paramilitares hasta el 2004, y del 2005 al 2013, casi el 90% de las desapariciones las han realizado Los Urabeños y Los Rastrojos, y el 8% de los casos reportados en este periodo, se han vinculado a grupos ilegales de narcotráfico, mafias y funcionarios públicos que cometen estas prácticas.”
Los familiares de los desaparecidos como Blanca Elisa Rincón, sostuvieron, que esperan conocer la verdad sobre los hechos y es lo único que le piden a las autoridades correspondientes.
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