Según cifras del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Norte de Santander, desde
el 2001 se han presentado cerca de 78 casos de reclutamiento por los grupos al
margen de la ley. Ante esta situación, la Gobernación de Norte de Santander,
desde la Secretaría de Gobierno, desarrollaron la ruta institucional de
atención de niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto o en riesgo de
reclutamiento forzado.
Con la puesta en
marcha de este protocolo, se establecieron 5 momentos que han sido identificados
de la siguiente forma:
·
Conocimientos de las Amenazas
·
Trabajo del Ministerio Público
·
Evaluación y Traslado
·
Recepción del menor
·
Seguimiento y Estabilización
“Para nadie es un secreto que en nuestro
Departamento el flagelo del reclutamiento forzoso de menores nos ha tocado, por
lo tanto en esta ruta quedan establecidas las instancias que deben aplicarse
cuando se presenta algún caso de este tipo. Cada una de las entidades tiene una
determinada función para atender prontamente estas denuncias”, sostuvo Nohora
Oliveros Quintero, secretaria de Gobierno.
La ruta contra la
prevención, fue aprobada y estudiada por las diferentes autoridades, entre
ellas Policía y Ejército Nacional, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, ONG,
ICBF y mancomunadamente con las Secretarías de la Administración Departamental.
Como quedó
establecido en el documento, estas instituciones tienen directa implicación en
este proceso, al establecerse una serie de funciones específicas donde todos se
comprometen a velar por la integridad de los menores de Norte de Santander.
Por ejemplo, se
manejan dos aspectos claves en este proceso, el municipio expulsor y receptor.
Una vez detectada la amenaza hacia algún menor, el ente expulsor debe asegurar
la protección a la persona hasta que pueda abandonar el lugar a un sitio más
seguro. En ese momento, el ICBF toma la responsabilidad sobre el niño o niña y
su familia, al llegar al municipio donde residirá.





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