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“Hoy, más que ayer, festejo la decisión del Gobierno Nacional de iniciar un proceso de paz con las Farc y el Eln, dos de los actores de la guerra fratricida que vive el país y los principales violadores de los derechos de los niños en nuestro territorio”, enfatizó, el gobernador, Edgar Jesús Díaz Contreras.
El Mandatario Regional, argumentó que estos encuentros, son un paso para detener un enfrentamiento que ha dejado muchas víctimas, especialmente, los menores de edad, quienes han sido utilizadas por las Farc, Eln y bandas emergentes, como actores armados.
Díaz Contreras, se muestra optimista y confía que, “esta nueva oportunidad que se da el Gobierno Nacional de abrirle la puerta al diálogo y la concertación social, puede ser el punto de partida para acabar con el flagelo del reclutamiento de menores de edad, y rescatarlos de los horrores de la guerra”.
Enfatizó que “es necesario un nuevo documento Conpes de prevención de reclutamiento como el firmado en el 2010 y la articulación de planes de acción de entidades nacionales para seguir identificando causas y factores de riesgo que facilitan el reclutamiento y así poner sobre la mesa los aspectos más dramáticos de esta guerra, que no respeta edad.”
Sus declaraciones, se dieron en el marco del Foro de Reclutamiento Forzado ‘Basta de diagnósticos, Basta de estudios, Actuemos’ organizado por el Ejército Nacional y la Secretaría de Gobierno, el Mandatario Regional, en el que, dejó ver su preocupación por las alarmantes cifras de menores combatientes y la invisibilización de esta problemática.
“Los casos que se denuncian corresponden en el Departamento a un porcentaje muy reducido, ya que desde el 2001 apenas 52 casos han sido conocidos por las autoridades de bienestar familiar, los demás simplemente se desconocen y son cobijados por el silencio al interior de los núcleos familiares, quienes por amenaza y temor deciden no denunciar” sostuvo, Díaz Contreras.
Detrás de este delito, hay, desde luego, una serie de factores que promueven su desarrollo, dentro de los que se destacan: las condiciones socio económicas de las familias, el maltrato intrafamiliar y el aumento de la violencia en los diferentes municipios del país.
Si bien es cierto, no hay claridad en las cifras manejadas por las autoridades competentes, desde la Gobernación, se ha articulado un proceso de trabajo en esta materia. De allí que en el Plan de Desarrollo Departamental ‘Un Norte Pa’lante” 2012 – 2015, esté incluido un subprograma específico, denominado: Prevención del reclutamiento y utilización de infantes y adolescentes por grupos armados ilegales.
De esta manera, en Norte de Santander ya se trabaja, contra esta violación de los derechos humanos, en aspectos como: El asesoramiento a los municipios para la garantía de derechos; creación de la ruta de prevención del reclutamiento forzado; capacitación de funcionarios en los marcos normativos de la protección y atención de víctimas, y el impulso a la participación de los infantes en espacios de decisión de la política frente este delito.
Por ahora, estas mesas de trabajo mancomunado, que convocó al ICBF, Policía, Ejército Nacional, Gobernación y Alcaldías Municipales, establecerá las tareas puntuales, que permitan la articulación de los esfuerzos, que ha propuesto el Gobernador. Se espera que de allí, surjan elementos para la construcción de la política pública en contra del reclutamiento forzado en el departamento.
El Mandatario Regional, argumentó que estos encuentros, son un paso para detener un enfrentamiento que ha dejado muchas víctimas, especialmente, los menores de edad, quienes han sido utilizadas por las Farc, Eln y bandas emergentes, como actores armados.
Díaz Contreras, se muestra optimista y confía que, “esta nueva oportunidad que se da el Gobierno Nacional de abrirle la puerta al diálogo y la concertación social, puede ser el punto de partida para acabar con el flagelo del reclutamiento de menores de edad, y rescatarlos de los horrores de la guerra”.
Enfatizó que “es necesario un nuevo documento Conpes de prevención de reclutamiento como el firmado en el 2010 y la articulación de planes de acción de entidades nacionales para seguir identificando causas y factores de riesgo que facilitan el reclutamiento y así poner sobre la mesa los aspectos más dramáticos de esta guerra, que no respeta edad.”
Sus declaraciones, se dieron en el marco del Foro de Reclutamiento Forzado ‘Basta de diagnósticos, Basta de estudios, Actuemos’ organizado por el Ejército Nacional y la Secretaría de Gobierno, el Mandatario Regional, en el que, dejó ver su preocupación por las alarmantes cifras de menores combatientes y la invisibilización de esta problemática.
“Los casos que se denuncian corresponden en el Departamento a un porcentaje muy reducido, ya que desde el 2001 apenas 52 casos han sido conocidos por las autoridades de bienestar familiar, los demás simplemente se desconocen y son cobijados por el silencio al interior de los núcleos familiares, quienes por amenaza y temor deciden no denunciar” sostuvo, Díaz Contreras.
Detrás de este delito, hay, desde luego, una serie de factores que promueven su desarrollo, dentro de los que se destacan: las condiciones socio económicas de las familias, el maltrato intrafamiliar y el aumento de la violencia en los diferentes municipios del país.
Si bien es cierto, no hay claridad en las cifras manejadas por las autoridades competentes, desde la Gobernación, se ha articulado un proceso de trabajo en esta materia. De allí que en el Plan de Desarrollo Departamental ‘Un Norte Pa’lante” 2012 – 2015, esté incluido un subprograma específico, denominado: Prevención del reclutamiento y utilización de infantes y adolescentes por grupos armados ilegales.
De esta manera, en Norte de Santander ya se trabaja, contra esta violación de los derechos humanos, en aspectos como: El asesoramiento a los municipios para la garantía de derechos; creación de la ruta de prevención del reclutamiento forzado; capacitación de funcionarios en los marcos normativos de la protección y atención de víctimas, y el impulso a la participación de los infantes en espacios de decisión de la política frente este delito.
Por ahora, estas mesas de trabajo mancomunado, que convocó al ICBF, Policía, Ejército Nacional, Gobernación y Alcaldías Municipales, establecerá las tareas puntuales, que permitan la articulación de los esfuerzos, que ha propuesto el Gobernador. Se espera que de allí, surjan elementos para la construcción de la política pública en contra del reclutamiento forzado en el departamento.
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