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“Inicialmente 93 familias tendrán que dejar sus viviendas. El segundo paso será la demolición y la estabilización de taludes”.
La Administración Municipal, las autoridades ambientales, los organismos de socorro y los entes oficiales dedicados a la prevención y atención de desastres, decidieron hoy por consenso, ordenar el desalojo de las viviendas ubicadas en la línea de alto riesgo de Tucunaré.
La Administración Municipal, las autoridades ambientales, los organismos de socorro y los entes oficiales dedicados a la prevención y atención de desastres, decidieron hoy por consenso, ordenar el desalojo de las viviendas ubicadas en la línea de alto riesgo de Tucunaré.
“El desalojo de las 93 familias, ubicadas en la zona de riesgo, es una necesidad, no podemos dar largas al asunto, porque así cesen las lluvias, el terreno es tan arcilloso que de todas manera se deslizará. Nosotros debemos velar por la vida de quienes habitan el sector y el peligro es inminente”, dijo el alcalde Donamaris Ramírez-París Lobo, quien dirigió el encuentro donde se tomó la decisión.
La orden que será ejecutada desde la próxima semana por la Policía Nacional, busca preservar la integridad y la vida de los habitantes de ese sector de la capital nortesantandereana, amenazada por los deslizamientos que podrían tener consecuencias catastróficas.
La sesión extraordinaria del Comité Local de Emergencias (Clopad), declaró la Calamidad Pública, mediante recomendación de funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Con la puesta en marcha de esa figura, se podrá acceder a recursos a través del Fondo de Calamidad, explicó el alcalde Ramírez-París.
Según el gobernante de los cucuteños, las personas desalojadas recibirán subsidios para arriendo y serán tenidas en cuenta en los proyectos de vivienda que proyectan los gobiernos nacional y local.
“La población desalojada la incluiremos en el programa nacional del Fondo de Calamidad y se priorizará su ingreso a los programas de vivienda con el apoyo de la Alcaldía”, precisó.
Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hicieron parte de la reunión, porque las familias que se resistan a abandonar las viviendas en alto riesgo, y que tengan niños, estos pasarán a custodia del instituto. “No permitiremos por ningún motivo que los niños corran algún peligro y esas viviendas amenazan con desplomarse”, explicó el mandatario.
Advirtió el Alcalde que en Cúcuta no se permitirá ni una invasión más, porque el peligro que se presenta hoy en Tucunaré es consecuencia de haber permitido la ocupación ilegal en ese terreno inestable.
El peligro es latente desde muchos años atrás, citó que desde 1985, se vienen presentando los deslizamientos y dando largas a la situación, pero ahora es tan evidente el peligro que no se puede esperar más.
Para evitar que la zona sea nuevamente habitada, maquinaria pesada empezará hacer la remoción de tierra y se preparará la demolición de las casas. “Mucha gente que habita esas viviendas, ya estaban en el programa de protección de damnificados y regresaron a sus hogares, sin importar el peligro”, precisó.
El gobernante reconoció que el desalojo y posterior demolición, generará un problema social muy grande, pero se ratificó en que es más importante preservar la vida de los habitantes del sector y se debe evadir el peligro.
La orden que será ejecutada desde la próxima semana por la Policía Nacional, busca preservar la integridad y la vida de los habitantes de ese sector de la capital nortesantandereana, amenazada por los deslizamientos que podrían tener consecuencias catastróficas.
La sesión extraordinaria del Comité Local de Emergencias (Clopad), declaró la Calamidad Pública, mediante recomendación de funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Con la puesta en marcha de esa figura, se podrá acceder a recursos a través del Fondo de Calamidad, explicó el alcalde Ramírez-París.
Según el gobernante de los cucuteños, las personas desalojadas recibirán subsidios para arriendo y serán tenidas en cuenta en los proyectos de vivienda que proyectan los gobiernos nacional y local.
“La población desalojada la incluiremos en el programa nacional del Fondo de Calamidad y se priorizará su ingreso a los programas de vivienda con el apoyo de la Alcaldía”, precisó.
Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hicieron parte de la reunión, porque las familias que se resistan a abandonar las viviendas en alto riesgo, y que tengan niños, estos pasarán a custodia del instituto. “No permitiremos por ningún motivo que los niños corran algún peligro y esas viviendas amenazan con desplomarse”, explicó el mandatario.
Advirtió el Alcalde que en Cúcuta no se permitirá ni una invasión más, porque el peligro que se presenta hoy en Tucunaré es consecuencia de haber permitido la ocupación ilegal en ese terreno inestable.
El peligro es latente desde muchos años atrás, citó que desde 1985, se vienen presentando los deslizamientos y dando largas a la situación, pero ahora es tan evidente el peligro que no se puede esperar más.
Para evitar que la zona sea nuevamente habitada, maquinaria pesada empezará hacer la remoción de tierra y se preparará la demolición de las casas. “Mucha gente que habita esas viviendas, ya estaban en el programa de protección de damnificados y regresaron a sus hogares, sin importar el peligro”, precisó.
El gobernante reconoció que el desalojo y posterior demolición, generará un problema social muy grande, pero se ratificó en que es más importante preservar la vida de los habitantes del sector y se debe evadir el peligro.
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