
Entre los afectados por las determinaciones del Ministerio Publico estarían entre otros, los exministros de Agricultura, Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández; el exgerente del Incoder, Rodolfo José Campo Soto; el exviceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar y el exsecretario General del Ministerio, Juan David Ortega entre otros.
Para aplicar las sanciones disciplinarias, se tendrán en cuenta, entre muchas otras pruebas, las revelaciones de un testigo que declaró durante dos días antes los investigadores de la Procuraduría General de la Nación y los correos electrónicos que entrego el mismo testigo, en donde se dan las ordenes sobre a quiénes se les debía entregar los recursos del programa Agro Ingreso Seguro.
Esos correos electrónicos son pieza clave para determinar la presunta responsabilidad de cada uno de los ex funcionarios a los que se les aplicaría la sanción disciplinaria.
El proceso disciplinario cuenta con un poco más de ocho mil folios, en donde aparecen las 250 pruebas recolectadas por la Procuraduría y que serán determinantes para aplicar las sanciones antes del 10 de mayo que se cumplen los términos para proceder a definir la situación disciplinaria de los 17 afectados con el pliego de cargos formulado por el despacho del procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, por las irregularidades en la entrega de beneficios dentro del programa AIS.
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