Norte de Santander enfrenta un avance silencioso de la extorsión

Norte de Santander enfrenta una creciente presión extorsiva que afecta de manera directa a sus municipios rurales, especialmente aquellos ubicados en la región del Catatumbo. Este departamento presenta focos críticos de extorsión en zonas cafeteras y agrícolas, donde el control criminal avanza sobre comunidades que ya llevan décadas lidiando con múltiples formas de violencia.

El estudio “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia”, elaborado por los docentes del Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, identifica a Norte de Santander como un territorio donde se superponen actividades agrícolas legales, presencia histórica de actores armados y economías ilícitas, condiciones que facilitan la expansión de la extorsión en varios municipios.

El Catatumbo: el epicentro del riesgo en el departamento

La investigación revela que el Catatumbo (una de las zonas más conflictivas del país) concentra varios municipios donde coinciden alta producción agrícola, presencia de cultivos de coca y patrones intensos de extorsión. Entre los casos analizados destacan El Carmen y El Zulia, municipios donde la producción cafetera convive con estructuras armadas que imponen cobros sistemáticos sobre productores, transportadores y comerciantes.

El estudio explica que estos municipios han registrado tasas significativas de extorsión, convirtiéndose en puntos rojos en el mapa nacional. La combinación de caficultura, actividades ilícitas y ausencia de autoridad efectiva genera un entorno en el que la extorsión funciona como un mecanismo cotidiano de renta criminal. En estas zonas, incluso el traslado de productos básicos o la operación de pequeños negocios es susceptible a cobros ilegales.

El análisis nacional demuestra que la presencia de cultivos de coca aumenta la tasa de extorsión en aproximadamente 3,5 casos por cada 100.000 habitantes, evidencia que se refleja claramente en Norte de Santander. El Catatumbo, una de las regiones con mayor presencia de economías ilícitas, ofrece a los grupos armados infraestructura logística, rutas de movilidad y redes de vigilancia que facilitan el cobro extorsivo.

El estudio subraya que la extorsión en estos territorios no requiere violencia visible para imponerse. Basta con llamadas intimidantes, cobros por hectárea, por carga o por permitir actividades comerciales. Como ocurre en el resto del país, siete de cada diez productores reciben amenazas, pero menos del 15% denuncia, lo que genera un círculo silencioso que refuerza la capacidad de control de los grupos criminales.

La conexión con la caficultura y la vulnerabilidad territorial

Aunque Norte de Santander no es un departamento cafetero tan grande como Huila, Antioquia o el Eje Cafetero, el estudio lo incluye dentro de los territorios donde la extorsión coincide con actividades productivas legales, especialmente en municipios donde la caficultura tiene un papel importante dentro de la economía local.

El estudio también resalta que la extorsión ha reemplazado al secuestro como principal mecanismo de financiación criminal, especialmente en regiones como Norte de Santander donde operan múltiples actores armados. Su ubicación fronteriza, los corredores estratégicos hacia Venezuela y la persistente disputa territorial han convertido al departamento en un punto clave para el sostenimiento financiero de estas organizaciones.

La investigación documenta que el avance de la extorsión deteriora la capacidad de organización comunitaria y rompe el tejido social. Las cooperativas pierden fuerza, los productores dejan de asociarse por miedo a ser identificados y las cadenas productivas se fragmentan. En Norte de Santander, donde las economías campesinas dependen de la asociatividad para sobrevivir, este deterioro tiene efectos aún más profundos.

El temor generalizado, sumado a la falta de rutas de denuncia seguras, genera un entorno donde el delito se normaliza y se invisibiliza. La investigación advierte que este patrón, si no se interviene, puede hacer que la extorsión se consolide como una práctica permanente en las zonas agrícolas del departamento.