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La revisión y actualización de las regulaciones actuales relacionadas con el Impuesto Predial Unificado Rural ha emergido como un tema de conversación crucial en el actual Gobierno. Esta medida busca no solo preservar los usos agropecuarios de la tierra, sino también promover la progresividad en la recaudación de impuestos y salvaguardar las áreas destinadas a la producción de alimentos.
El impuesto predial del suelo rural que Colombia necesita y una mirada internacional contó con la participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Federación Colombiana de Municipios, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y el Lincoln Institute of Land Policy.
La instalación estuvo a cargo de la directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Claudia Liliana Cortés, quien enfatizó sobre la propuesta de análisis que viene trabajando varias entidades de manera articulada, la cual tiene como tareas construir trasparencia en el mercado de tierras, incrementar el recaudo municipal y contribuir al uso eficiente del suelo.
Por su parte, el director del DNP, Jorge Iván González Liliana Cortés, resaltó en su intervención la importancia del ordenamiento del territorio y enfatizó que el catastro multipropósito es la gran revolución del sector agropecuario para una verdadera transformación del campo.
Además, Anacláudia Rossbach, directora de Programas para América Latina y Caribe del Lincoln Institute of Land Policy, habló sobre el fenómeno de expansión urbana en los países de América Latina, el cambio climático y la informalidad que afectan la sostenibilidad y la producción misma de los alimentos, de ahí la importancia de proteger los usos para la producción agropecuaria.
Propuesta de análisis para un impuesto predial rural
Durante el primer bloque se presentó a los asistentes el contexto actual y la propuesta de análisis sobre el impuesto predial rural, elaborada por la UPRA junto con el DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio de Hacienda, el cual propone una estructura tarifaria para la aplicación del impuesto predial unificado en el suelo rural, que permita la progresividad del tributo e impulse en los territorios la sostenibilidad, protección ambiental y el incentivo a la producción agropecuaria.
Este fue liderado por Gustavo Adolfo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Luis Fernando Sandoval Sáenz, funcionario de la UPRA, y Magda Cristina Montaña Murillo, asesora de la UPRA.
«El IGAC tiene como meta obtener los valores de los predios urbanos y rurales, pero en particular de los predios rurales, por lo menos del 60 %. Esa es una tarea que se logra a través de la actualización catastral, en la cual este gobierno está totalmente comprometido», así lo manifestó en su intervención, Gustavo Marulanda, quien añadió que este trabajo articulado con otras entidades tiene como objetivo ofrecer lineamientos a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura para la compra de tierras, tal como lo estipula la Reforma Integral Rural.
Sobre el trabajo con entidades del sector, el funcionario indicó «creo que el trabajo que venimos haciendo con la UPRA es en realidad histórico. Tenemos una serie de proyectos que trabajamos conjuntamente. El primer tema es uso y aptitud con escala a 25.000, un insumo fundamental para que la UPRA avance aún más en términos de identificación para la planificación rural con un mayor nivel de detalle. Por otro lado, trabajamos en valores de referencia a escala 1:1000, en departamentos como Cauca, Sucre, Córdoba».
En términos generales, los invitados abordaron el ajuste sustancial y procedimental con el cual se pretende incrementar los ingresos propios de las entidades territoriales para la provisión de infraestructura y equipamientos sociales y productivos que redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Cabe resaltar que hay 78 municipios, que no tienen formación catastral rural, lo cual afecta el recaudo por ese concepto.
La propuesta contempla una estructura tarifaria que considera la progresividad del tributo a través del avalúo catastral, la diferenciación y promoción de actividades agropecuarias y de conservación y protección ambiental. Además, cuenta con una clasificación de las actividades económicas del ordenamiento territorial, en 6 grupos tarifarios de acuerdo con los usos y actividades económicas que presenta el territorio rural y las rentas de la tierra.
El impuesto predial unificado, tributo de orden municipal, está reglamentado por la Ley 44 de 1990, que otorga a los municipios la competencia para su administración, fijación de tarifas y recaudo. Es de resaltar que la Ley determina parámetros para la definición de las tarifas que básicamente están orientados a los sectores urbanos, desconociendo las particularidades de las zonas rurales, por ello, es poco eficaz para la fijación de políticas públicas de interés, como los principios de progresividad y equidad tributaria y el impulso y protección de actividades económicas, como las agropecuarias.
Una mirada internacional
La jornada contó con la mirada y reflexiones de dos expertos internacionales. Paul Sanderson, miembro del Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) y del Institute of Revenue, Rating and Valuation (IRRV) en Inglaterra, y Riel Franzsen, director del Instituto Africano de Impuestos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Gestión de la Universidad de Pretoria.
Sanderson presentó algunas limitantes que aún tiene el sistema de recaudo en países desarrollados, pues «el impuesto inmobiliario es difícil, es impopular y muchas veces no se entiende la forma en que se avalúa y se paga». Además, expuso algunos principios regulatorios, entre los que destacó: justicia, responsabilidad, información, relación costo-rendimiento, unidad de avaluación, revalorización, entre otros, que construyen confianza y transparencia entres los contribuyentes.
Para el sector agrícola, expuso algunos ejemplos de países como Estados Unidos y Canadá, donde estos territorios son completamente tributables, y algunos cuentan con incentivos diferenciados de acuerdo con los usos agropecuarios.
Riel Franzsen, inició su charla resaltando que «es fascinante ver como se está trabajando para expandir los impuestos en zonas rurales». Frente al tema, puntualizó la necesidad de realizar un análisis detallado de los problemas en materia de políticas, insuficiencias y realidades para lograr los objetivos fiscales. Para el caso de Namibia, en el 2004, este país implementó el impuesto a la tierra en granjas comerciales, «no para recaudar más ganancias, sino para generar fondos para la reforma a la tierra y así enfrentar el fenómeno de tierra no utilizada», destacó el catedrático.
Panel Impuesto predial como instrumento para promover un uso más eficiente del suelo rural
Para cerrar este seminario, se desarrolló un panel dirigido por la directora técnica de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras de la UPRA, Dora Inés Rey Martínez, que contó con la participación de la viceministra Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; la subdirectora de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Claudia Otálora; la asesora de Fedemunicipios, Sandra Castro; el director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP, Antonio José Avendaño Arosemena; la directora de Programas para América Latina y Caribe de Lincoln Institute of Land Policy, Anacláudia Rossbach, y Ovidio Delgado, asesor de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.
Por su parte, la viceministra de MinAgricultura indicó que la base fundamental de la reforma agraria pretende combatir los fraccionamientos y la alta concentración de la tierra para promover la producción agropecuaria a partir de los siguientes temas claves:
· Incluir en la agenda el cambio climático
· Fortalecer los escenarios de producción de alimentos y el uso eficiente del suelo
· Democracia, paz y justicia en los territorios
· Instrumentos progresivos y diferenciados que protejan al campesinado sujeto de derecho
Los participantes en este panel concluyeron que para fortalecer los territorios a través de instrumentos como el impuesto predial es necesario continuar apostándole al proceso de paz, acceso a la tierra y titulación, acuerdos sociales entre los mandatarios y entidades gubernamentales y la implementación de la Reforma Agraria.
La transmisión de esta jornada encuéntrala en el canal de YouTube:
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