El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, presentó algunos alcances de la propuesta de reforma al régimen del sector que presentará el Gobierno del Cambio al Congreso en el segundo semestre del año. Los usuarios y usuarias serán el centro de la regulación y supervisión de la prestación de estos servicios, sin desconocer la necesaria sostenibilidad de las empresas que los generan y operan.
En su intervención, el superintendente aseguró: “Lo que el presidente Gustavo Petro ha propuesto es democratizar los servicios públicos, no estatizar el sector, sino fortalecer lo público. Reconocemos los logros del régimen vigente y, bajo ese entorno, la propuesta contempla actualizaciones y nuevas disposiciones para atender la realidad del país. Las reformas deben responder al programa de Gobierno del Cambio “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, al Estado social de derecho que consagra la Constitución Política y a la doctrina de la Corte Constitucional expedida en materia de servicios públicos para poblaciones desprotegidas. Será una iniciativa en la que se tendrá en cuenta los aportes de las comunidades, prestadores, academia, entidades públicas y organismos de control, entre otros actores del sector.”
La reforma apuntará a la universalización de los servicios mediante la definición de tarifas solidarias y redistributivas, la ampliación de cobertura en zonas rurales, esquemas alternativos de prestación de servicios, así como la promoción de comunidades energéticas y de acueductos comunitarios. Igualmente, se plantea el suministro de un mínimo vital para satisfacer las necesidades básicas de agua, energía, saneamiento básico e internet a poblaciones vulnerables, bajo la responsabilidad del Estado y sin implicar la gratuidad del servicio.
En torno a la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, el superintendente Dagoberto Quiroga indicó que “Se analiza su participación en la elaboración de la regulación, especialmente en el régimen tarifario, respeto al debido proceso en sus reclamaciones y eliminación del contrato de condiciones uniformes que se pacta entre empresas y suscriptores; a cambio se elaborará un código de derechos y deberes de las partes.” El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, presentó algunos alcances de la propuesta de reforma al régimen del sector que presentará el Gobierno del Cambio al Congreso en el segundo semestre del año. Los usuarios y usuarias serán el centro de la regulación y supervisión de la prestación de estos servicios, sin desconocer la necesaria sostenibilidad de las empresas que los generan y operan.
Entre otros aspectos, la reforma apuntará a la universalización de los servicios mediante la definición de tarifas solidarias y redistributivas, la ampliación de cobertura en zonas rurales, esquemas alternativos de prestación de servicios, así como la promoción de comunidades energéticas y de acueductos comunitarios. Igualmente, se plantea el suministro de un mínimo vital para satisfacer las necesidades básicas de agua, energía, saneamiento básico e internet a poblaciones vulnerables, bajo la responsabilidad del Estado y sin implicar la gratuidad del servicio.
torno a la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, el superintendente Dagoberto Quiroga indicó que “Se analiza su participación en la elaboración de la regulación, especialmente en el régimen tarifario, respeto al debido proceso en sus reclamaciones y eliminación del contrato de condiciones uniformes que se pacta entre empresas y suscriptores; a cambio se elaborará un código de derechos y deberes de las partes.”
Entre otros aspectos, la reforma apuntará a la universalización de los servicios mediante la definición de tarifas solidarias y redistributivas, la ampliación de cobertura en zonas rurales, esquemas alternativos de prestación de servicios, así como la promoción de comunidades energéticas y de acueductos comunitarios. Igualmente, se plantea el suministro de un mínimo vital para satisfacer las necesidades básicas de agua, energía, saneamiento básico e internet a poblaciones vulnerables, bajo la responsabilidad del Estado y sin implicar la gratuidad del servicio.
La propuesta de reforma también se enfocará a:
- Fortalecer la gestión de las comisiones de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; y de Energía y Gas; así como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Garantizar la protección y gestión integral del agua por parte de prestadores y comunidades organizadas, en el marco de la iniciativa del Gobierno del Cambio de asegurar el ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- Establecer un esquema diferencial en la prestación de servicios públicos que ofrezcan condiciones particulares de operación, gestión, regulación y vigilancia para garantizar su acceso a grupos poblaciones en zonas de difícil acceso.
- Fomentar el autoabastecimiento a través de comunidades organizadas como las juntas de acción comunal, comunidades indígenas y asociaciones sin ánimo de lucro, bajo esquemas diferenciales de operación y financiación.
- Potenciar el aprovechamiento de residuos como servicio público y no sólo como una actividad del servicio de aseo. Esto con el fin de avanzar en las acciones afirmativas hacia la población de recicladores de oficio, fomentar la transición hacia una economía circular; y establecer prácticas más efectivas y eficientes en la gestión de los residuos sólidos.
- Promover la aplicación de nuevas tecnologías en la prestación de los servicios públicos, en campos como la generación de energía, el tratamiento de aguas, y la disposición y aprovechamiento de residuos.
Al finalizar su presentación, el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos agradeció la invitación de Andesco y expresó: “Solamente con el esfuerzo mancomunado de los sectores público y privado podremos asegurar una eficiente y adecuada prestación del servicio a usuarios y usuarias en términos de calidad, oportunidad y costo.”
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