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Han pasado 14 días desde el accidente del camión cisterna cargado con gasolina en la Troncal del Caribe, muy cerca de Tasajera, en el municipio de Puebloviejo, que terminó en un incendio en el cual han perdido la vida 41 personas. Es una tragedia inconmensurable que, tristemente, puso en el centro de las miradas del país a los más de 5.000 moradores de este corregimiento magdalenense plagado de necesidad y miseria.
Apenas trascendió la noticia de este hurto famélico que terminó en tragedia, fueron muchos los dedos acusadores contra los muertos y los heridos, sin saber siquiera dónde está ubicado Tasajera, señalándolos simplemente como irresponsables y ladrones. Es totalmente injustificable el saqueo a un camión accidentado como lo es cualquier tipo de robo o acción delictiva en general, pero se hace necesario conocer y comprender el contexto histórico, sociológico y ecológico que actuó como sustrato facilitador para el desencadenamiento de este siniestro.
A partir de mediados del siglo XX, la Ciénaga Grande de Santa Marta ha sufrido alteraciones antrópicas de gran impacto negativo en su balance natural, como son: 1) la construcción de las carreteras Ciénaga-Barranquilla y Palermo-Salamina, 2) el cierre de los caños que la comunican con el río Magdalena, 3) el desvío de las corrientes de los ríos Sevilla, Aracataca, Frío, Tucurinca y Fundación, para fines agropecuarios, y 4) la desecación de las ciénagas menores. La suma de estas acciones alteró el equilibrio ecológico y pauperizó la riqueza de flora y fauna, impactando económicamente en las comunidades pesqueras localizadas en sus riberas, como es el caso de Tasajera.
Antes de consolidarse esta debacle ambiental, tanto Tasajera como todos los pueblos de la zona gozaban de prosperidad por la importante producción pesquera de la ciénaga. En el año de 1967 se producían 27.000 toneladas de pescado y a 1987 se habían reducido a 1.785 toneladas. En los años posteriores repuntó, y a 2014 se alcanzó la captura de 4.135 toneladas, según Invemar. El deterioro de la riqueza pesquera incidió en la calidad de vida de estos pueblos, hasta llevarlos a una pobreza extrema que permea la pérdida de los valores y la dignidad humana.
Hoy, los indicadores socioeconómicos son críticos y ameritan la atención de los gobernantes. En entrevistas con medios, el alcalde municipal, Fabián Obispo, informó que “el 95% de la población vive de la informalidad, muchos dependen de la pesca, pero ¿qué está produciendo la pesca?: pobreza”. El corregimiento carece de acueducto y alcantarillado, y la tasa de analfabetismo municipal es del 26%.
¿Cómo juzgar a quien ve en el volcamiento de un camión la oportunidad de mitigar por un día el hambre de su hogar? En lugar de limitarnos a condenar este delito famélico, la sociedad debe exigir, al unísono, la reparación de los pueblos pesqueros sacrificados y empobrecidos a costa del beneficio de otros, brindándoles los medios para salir de la pobreza mediante proyectos de desarrollo sostenible, blindados de la politiquería y la corrupción.
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