Gremios de base periodistas que representan en su totalidad a más de 2000 reporteros y trabajadores del sector en Colombia, preocupados por la crisis originada con ocasión de la pandemia COVID-19, que afecta gravemente a los medios de comunicación y periodistas independientes y el pleno ejercicio de su actividad, han elevado al presidente Iván Duque, un documento con argumentos y fundamentos jurídicos para exigir la atención prioritaria y la implementación de medidas extraordinarias que se materialicen en las siguientes propuestas:
1. A pesar que en el Decreto 457 de 2020, los servicios de comunicación gozan de libertad para su ejercicio y en el Decreto 464 de 2020, se declararon como servicio público esencial los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, las mismas normas y/o sus complementarias, no especifican medidas para el funcionamiento pleno de las actividades propias de radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación. Por tanto, es necesario que con urgencia se implementen medidas que permitan el funcionamiento y la operación de los medios de comunicación como garantía al derecho a la información y la libertad de prensa.
2. Impartir directrices bajo las cuales se exija a las autoridades y funcionarios, que cuentan con información oficial del estado actual de la pandemia, los casos de contagio, los avances en cobertura hospitalaria y servicios de salud, el número de personas fallecidas y cualquier hecho de interés público respecto al COVID-19, la obligación de entregar información completa y facilitar la libertad de prensa estableciendo canales de comunicación más allá de las conferencias virtuales, la publicación de boletines y comunicados institucionales.
3. Priorizar la financiación de pymes y personas naturales con o sin establecimiento de comercio que se encuentran legalmente constituidas local y regionalmente y registradas formalmente ante las Cámaras de Comercio del país como prestadores de servicios periodísticos, informativos, y/o que comercializan servicios de publicidad para desarrollar actividades propias de comunicación y periodismo. Estas políticas de financiamiento deben propender a la flexibilización de las condiciones crediticias para que la mayor cantidad de periodistas puedan acceder a ellos.
4. En virtud de la contingencia, se establezca de los presupuestos la asignación de pauta publicitaria oficial, propaganda gubernamental o avisaje institucional o cualquier otra actividad publicitaria o de comunicación del Estado, contratados en el orden nacional, territorial y/o municipal por cualquiera de las entidades del Poder Público, en sus Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial; Órganos autónomo e independientes; y empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado, y que se active de manera inmediata un plan específico de contratación que materialice la destinación de tales recursos para financiar a medios de comunicación, principalmente a pequeños y medianos empresarios e independientes. Se debe propender por mecanismos que distribuyan los recursos con criterios de transparencia e idoneidad.
5. Otorgar beneficiarios tributarios como descuentos o deducciones en impuestos a nivel nacional y territorial para empresas privadas o personas naturales que mantengan o inviertan recursos para publicidad en medios de comunicación.
6. Facilitar planes respecto de las deudas que están a cargo de los concesionarios del espectro electromagnético, del cual es titular el Estado, y es administrado por el Ministerio de la Información y Comunicaciones, para que se otorguen facilidades de pago, acuerdos de pago, congelamiento de cuotas, periodos de gracia, entre otras medidas.
7. Imponer la obligación sustancial a los empleadores del sector para extremar las medidas sanitarias mediante la facilitación gratuita y constitutiva de herramientas de trabajo: tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial y demás material instrumental y de protección en los equipos utilizados por comunicadores y periodistas. Se ha podido evidenciar la exposición real al virus que tienen los periodistas que, en cumplimiento de su función, realizan entrevistas o deben trasladarse a cubrir noticias en medio de la emergencia sanitaria.
8. Implementar medidas para garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores del sector que en razón de la pandemia no han podido seguir cotizando al sistema y facilitar un mecanismo ágil para la afiliación al régimen subsidiado de las personas de este grupo de especial protección que actualmente no tienen acceso a servicios de salud.
9. En armonía con los gobiernos locales y regionales, incluir expresamente a los periodistas vulnerables como beneficiarios de auxilios de alimentación, bonos, kits de aseo, subsidios en el pago de servicios públicos y otros auxilios económicos para garantizar su subsistencia durante la emergencia sanitaria. Esta medida ya estipulada en decretos del Gobierno Nacional, debe extenderse en atención a las condiciones de vida reales de este grupo poblacional y no atendiendo únicamente al estrato socioeconómico.
10. Priorizar el pago de las indemnizaciones administrativas a los periodistas, trabajadores del sector y familiares de periodistas asesinados que fueron reconocidos a título individual y cuentan con la resolución que acredita la calidad de víctimas del conflicto armado.
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