Contralor propone acondicionar bienes de la SAE, como hoteles, para recibir sobrepoblación carcelaria

El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, propuso acondicionar bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), específicamente unos 93 hoteles de propiedad de esa entidad, para recibir unos 40 mil presos, que constituyen la sobrepoblación carcelaria del país.

Sostuvo que sería una forma de solucionar el lío que se tiene ante la posible excarcelación de presos por la propagación del coronavirus en las prisiones.

Afirmó que hay otros bienes de la SAE que podrían ayudar también en la resocialización, ya que de una u otra forma allí no se tiene un resultado concreto sobre los mismos, no los venden y no son monetizados o los siguen teniendo y no están prestando ninguna utilidad para el Estado.

Dijo el Contralor que es preocupante que se tenga una población carcelaria total de alrededor de 123 mil presos con un índice de hacinamiento del 52,25%, es decir una sobrepoblación de 42.284 personas.

A la fecha están en cárceles 37.553 personas en calidad de sindicados, es decir el 30.52% del total de la población carcelaria.

Indicó que se ha planteado la alternativa de que las Alcaldías y Gobernaciones tengan la responsabilidad de esos sindicados, pero no tienen recursos para solventar la crisis carcelaria en sus territorios.

El Contralor entregó un listado de las cárceles que registran mayores problemas, donde aparecen las de Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), Andes (Antioquia), Valledupar (Cesar), Caucasia (Antioquia), La Paz (Cesar), Apartado (Antioquia), Cali (Valle), Santa Bárbara (Antioquia), Santa Rosa de Osos (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Sonsón (Antioquia), La Ceja (Antioquia), Aguachica (Cesar), Medellín (Antioquia), Armero-Guayabal (Tolima), Quibdó (Chocó), Barrancabermeja (Santander) y Pensilvania (Caldas).

Mencionó que, de los cupos dados en servicio al 31 de diciembre de 2018, sólo 2.297 fueron construidos en pabellones totalmente nuevos (en Espinal 733, en Coiba Ibagué 730, en Tuluá 656 y en Girón 178 de los 752 proyectados). Es decir, un 38,1% del total. Los 3.735 restantes, se han rehabilitado, acondicionado y adaptado en espacios carcelarios ya existentes, y equivalen regularmente a camas o camastros, sin que ello haya representado realmente la creación de un nuevo cupo carcelario.

Aseguró luego que otra debilidad evidenciada es el reducido número de guardias respecto de los internos, por lo que el INPEC presenta dificultades para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo y vigilancia de la población carcelaria. Por ejemplo, indicó, por cada patio donde hay entre 150 a 300 reclusos, solo hay de 1 a 2 guardias, cuando la norma señala que deben ser más de 6.

De acuerdo con el INPEC, las necesidades actuales y futuras indican que se requieren de unos 16.529 funcionarios, distribuidos en 9.750 guardianes y 6.779 administrativos. 

Problemas persistentes en servicios de salud y alimentación en las cárceles

Las auditorías de la Contraloría han encontrado también ineficiencia e ineficacia en la prestación de los servicios de salud de las cárceles que, además, son inoportunos.

La consecuencia de no recibir diagnósticos y tratamientos oportunos de las diferentes patologías, puede derivar en el aumento en los riesgos y emergencias en salud pública de la Población Privada de la Libertad, anotó el Contralor General.

“Eso sin hablar de la problemática en alimentación”, agregó. Al respecto, el Contralor dijo que no hay seguimiento real ni la capacidad de prestación del servicio alimenticio.

Por citar un solo ejemplo, la CGR ha evidenciado pagos de componentes que no se suministraron en los tiempos de comida de almuerzo, cena y refrigerio nocturno, durante la ejecución de las operaciones de bolsa del año 2018 y 2019.

Otro tema de preocupación para la Contraloría es que no se cumpla con la construcción de los grandes modelos de cárceles que se habían proyectado con el CONPES desde el 2016 y que a hoy no tienen mayor ejecución

La Contraloría ha encontrado debilidades en la planeación y maduración de esos proyectos, en la labor de supervisión y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que han impactado en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el CONPES 3871 del 3 de noviembre de 2016.

Dentro de los hallazgos más significativos se encuentra el generado por el pago de $62.759.063.434, correspondientes al contrato No.219 de 2013, para la construcción de un sector de mediana seguridad y obras conexas en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Buga - Valle del Cauca, que lleva más de un año sin ejecución, y que tampoco en este tiempo se ha efectuado labores de mantenimiento.

Urgente reforma a la justicia

El Contralor Carlos Felipe Córdoba exhortó al ministro de Hacienda para que destine los recursos suficientes para el sector de justicia y en particular el problema del hacinamiento carcelario.

Dijo que urge introducir en la reforma a la justicia un sistema económico coherente para este sector, no solo para una parte del mismo o una sola institución, “sino que esto lleve a que haya un muy buen esquema entre la Policía, la Fiscalía, Jueces, Fiscales y todo el sistema penitenciario colombiano, para que de verdad haya resocialización y tengamos la capacidad necesaria, sino vamos a seguir teniendo estos problemas y más aceleradamente, con peores resultados”.

El Contralor General de la República intervino hoy en un debate virtual sobre hacinamiento y crisis carcelaria, convocado por la Comisión de Paz del Senado de la República.