Empanadicidio - POR JOSÉ CONSUEGRA

El episodio de la multa impuesta por la Policía a Stiven Claros por comprar empanadas en un puesto informal de comida en Bogotá, ha dejado un sabor amargo en la sociedad y un sinnúmero de críticas por las características de la sanción y la exorbitante cuantía de la multa. Enseguida, la picardía popular encendió las redes sociales con memes y videos burlescos que exteriorizan la molestia que causó esta bizarra medida ejercida por las autoridades policivas.

Hoy, los ciudadanos continuamos sin entender cuál es el espíritu de la ley que autoriza perseguir al comensal que adquiere este delicioso alimento. Esta persecución sistemática atropella y asesina nuestra cultura fritanguera.

Es una realidad que muchísima gente en el país vive de las ventas callejeras y de la informalidad en general y es su único medio para llevar el pan a sus casas. Estos puestos de servicios gastronómicos en la vía pública se relacionan en miles y dan empleo a cientos de miles de colombianos. De hecho, según el Dane, la población dedicada a la informalidad fue del 48% al cierre de 2018. Además, la economía informal en Colombia equivale al 33% del PIB nacional, es decir, unos 310 billones de pesos anuales. 

Aunque la Policía Nacional se justifica con que el artículo 140 del Código de Policía le faculta para ello, al establecer la prohibición de promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público, el promotor de la ley, senador Germán Varón Cotrino, fue enfático en afirmar que es una interpretación errónea y que va más allá del real alcance de la ley. 

La norma, según él indica, va dirigida a las mafias del espacio público, como se le denomina a quienes usufructúan este bien común teniendo el poder sobre diferentes puestos de ventas en las calles y alquilándolos a personas de escasos recursos.

Lo cierto es que ni se está atacando a las mafias o monopolios del espacio público, ni se está dando solución a las penurias de tantas familias que viven de la informalidad. Lo que sí se está haciendo es maltratar con multas absurdas a ciudadanos que calman el hambre consumiendo este rico bocado elaborado a partir de nuestro maíz ancestral. 

El disparate ha tomado tal dimensión que, en Sincelejo, un menor de edad que le preguntó a un policía si le gustaban las empanadas, fue multado por irrespeto a la autoridad.

Aparte de esto, también se vulnera la producción de un alimento arraigado en la cultura popular de nuestro país, proveniente de nuestros ancestros y diversificado con el tiempo, con un toque propio en cada región. 

Se hace necesario de manera urgente revisar estas normas, de tal manera que no sean medios para atropellar a vendedores informales y comensales, desvirtuando el verdadero rol que debe jugar la Policía en la construcción de espacios de convivencia y para garantizar la seguridad ciudadana. En la mayoría de los casos, estos vendedores solo pueden ejercer su derecho al trabajo en actividades informales por carencia de empleo formal, por lo tanto, es sumamente irracional prohibirles su medio de subsistencia.