En Norte de Santander los desplazamientos siguieron en 2018

Los desplazamientos, especialmente de campesinos que tuvieron que salir de sus hogares por enfrentamientos entre grupos armados que disputan territorio en Norte de Santander, fueron 83 en lo que va de 2018, cifra que tiene preocupado a los integrantes del Comité de Justicia Transicional del departamento, que celebró su última hoy en la Gobernación y al que asistió la directora territorial de la Unidad, Alicia Rojas Pérez y la profesional de nación , Nelly Flórez Castellanos. 

Durante la reunión, que tenía como eje central el seguimiento y evaluación al Plan de Acción Territorial, PAT; se recordó, que mayoría de estos eventos víctimizantes han ocurrido en veredas y corregimientos de la zona del Catatumbo y los afectados se han trasladado, en esos episodios, a cascos urbanos de municipios como Hacarí, San Calixto, Ocaña, El Carmen, entre otros. 

Los hechos han desbordado la capacidad de respuesta de los entes territoriales, pero han estado apoyados por la Unidad para las víctimas, que ha respondidos al principio de subsidiariedad, atendiendo todas las emergencias con ayudas humanitarias. 

Para mediados de 2018, la Unidad para las Víctimas había entregado por ayuda humanitaria más de 6.000 millones de pesos, como respuesta a las solicitudes que hicieron las alcaldías afectadas por la llegada de desplazados. 

Sin embargo, pese a los constantes desplazamiento, los miembros de CJT presentaron su informe de gestión aclarando que al margen de la situación del Catatumbo han avanzado en el cumplimiento de sus metas. 

Funcionarios del Instituto Departamental del Deporte, por ejemplo, explicaron que durante estos 12 meses llevaron programas de recreación y deporte a 11.203 víctimas incluidos en los siete sujetos de reparación colectiva de la región. La inversión, por el orden de los 122 millones de pesos, fue para pagar a los monitores y promotores de dichos programas. 

Por su parte, la Secretaría de Educación explicó que se atendieron más de 7.000 estudiantes por el sistema educativo, ofrecieron apoyo psicosocial a 3.300 alumnos e intervinieron cerca de 15 instituciones ubicadas en zonas del Catatumbo. 

El instituto de Salud hizo énfasis en la capacitación que se ha hecho en los entes territoriales y en la EPS sobre la expedición de las certificaciones para los discapacitados que serán priorizados en la indemnización a partir del próximo año. 

La Unidad aclaró en este punto, que esta acción se da en el marco de la Resolución 1958 de 2018, emitida por esta entidad, y entrará en vigencia a partir del 2019, para lo cual se ha generado un proceso de socialización con los Entes territoriales, organizaciones y mesas de víctimas.