El gobernador de Norte de Santander, Édgar Jesús Díaz Contreras, convocó a los altos mandos regionales de la Policía, el Ejército Nacional, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la Nación a un consejo extraordinario de seguridad para abordar diferentes aspectos derivados como consecuencia directa del carro bomba que fue activado en el corregimiento de Petrolea en el municipio de Tibú.Para el Mandatario Regional, los hechos que han propiciado la alteración del orden público en la región del Catatumbo, requieren de una intervención inmediata por parte de las autoridades y del gobierno que desde todo punto de vista debe garantizar la convivencia pacífica, los Derechos Humanos y el bienestar de los habitantes de esta región.
En tal sentido, el Gobernador, como respuesta a la acción violenta de los grupos armados ilegales y en especial de las Farc, ha dado instrucciones precisas para que desde la Secretaría de Gobierno, se tomen las acciones pertinentes para reactivar el programa de recompensa para los ciudadanos que entreguen información oportuna que evite que hechos como los registrados en el corregimiento de Petrolea se vuelvan a cometer, con saldos trágicos y lamentables como la perdida de vida y la afectación de los bienes de la población civil.
“Ha sido la voluntad del Gobernador, que desde la Secretaría de Gobierno, en conjunto con las autoridades, pongamos en marcha programas de protección de los Derechos Humanos, el fortalecimiento del fondo de recompensas orientado en forma específica a obtener información que nos permita prevenir hechos terroristas, que pongan en riesgo la vida y los bienes de la población civil. La estrategia, busca además que los habitantes de regiones que han registrado hechos violentos tengan un mecanismo para activar los esquemas previsto por la fuerzas militares y de policía evitando el accionar de los grupos armados ilegales”, puntualizó la secretaria de Gobierno Nohora Oliveros Quintero.
La estrategia de prevención, aplicará para todo el departamento, aun cuando se pretende reforzar los programas de prevención en aquellas regiones que han registrado un mayor número de casos de violencia por la presencia de los grupos armados Ilegales.




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