La Policía Nacional, socializa la nueva ‘Ley de Seguridad Ciudadana’

En el marco de la “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad” del Gobierno Nacional, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), adelanta actividades educativas y de información para dar a conocer el contenido de la nueva ‘Ley de Seguridad Ciudadana’.

Con el objetivo de socializar con la comunidad la Ley 1453 del 240611 o conocida como el Estatuto de Seguridad Ciudadana, el Coronel Álvaro Pico Malaver Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), realiza foros donde da a conocer las reformas que esta norma le dio al Código Penal (Ley 900 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

En esta oportunidad, el aula máxima ‘Felipe Rúan’ de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta, fue el escenario escogido para que más de un centenar de estudiantes de cuarto y quinto año de la Facultad de Derecho, así como docentes del Área de Penal y directivos del la institución universitaria, conocieran lo que trae consigo esta norma que da nuevas herramientas a las autoridades para frenar la comisión de ciertas conductas delictivas que anteriormente tenían penas o multas más leves y que ahora aumentaron o pasaron de ser multas y se convirtieron en medidas de aseguramiento.

Durante la actividad que se realizará en otros escenarios con la participación de la comunidad, el Coronel Pico Malaver, resaltó algunos artículos modificados o creados en esta nueva Ley, los cuales hacen referencia a la fabricación, tráfico y porte de sustancias estupefacientes, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, el uso de menores en la comisión de delitos, la detención domiciliaria y simulación de investidura o cargo.

Así mismo, la financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada y administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada, comercialización de autopartes, enajenación ilegal de medicamentos, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, duración de los procedimientos, reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento, entre otros.