Los damnificados en Norte de Santander pasaron de enfrentar dificultades sociales y económicas a tener problemas psicológicos.
La sede del colegio “Alianza para el progreso”, en Cúcuta, pasó de ser una institución educativa a convertirse en un hogar de paso para los damnificados del barrio San Rafael, desde hace más de cinco meses.
En esta ciudad el inconveniente surge debido a los enfrentamientos verbales que a diario las personas afectadas por las lluvias tienen con la comunidad educativa, quienes en medio del contexto que los rodea cuestionan fuertemente la actitud de los damnificados por el tiempo que llevan en estas instalaciones.
Situación que para las familias es entendible de cierta manera, teniendo en cuenta que la crisis económica por la que atraviesan, debido a la falta de oportunidades laborales, les impide cancelar un arriendo que en la zona de frontera supera los trescientos mil pesos ($300.000) por familia, afirmando que el subsidio de arrendamiento es insuficiente para la cantidad económica que los propietarios de las viviendas con capacidad de alojamiento están solicitando.
Un panorama más dramático, viven los damnificados de Gramalote que fueron ubicados en el Colegio INEM “José Eusebio Caro”. Allí de las más de cien familias que en su momento llegaron a ocupar las instalaciones de este plantel, hoy solo quedan 58, pero han sido tal los problemas de convivencia entre docentes, estudiantes y damnificados, que el rector de la institución se vio en la necesidad de solicitarles que desalojen el colegio para evitar que las discordias que se están presentando puedan registrarse hechos violentos.
Situación que para los gramaloteros es difícil de enfrentar, expresan que están ahí, no porque quieren, sino por cuestiones ajenas a su voluntad que les tocó asumir. Señalan que el gobierno nacional ha realizado muchas acciones protocolarias pero ninguna concreta para una reubicación firme hasta el momento que les permita vivir en condiciones dignas.
Igual posición asumen los damnificados de Cúcuta, quienes ven con preocupación como el tiempo avanza y esta zona del país continúa como la tierra del olvido para el gobierno nacional.
Mientras tanto, muchos de ellos ven el pasar de los días con sentimientos de dolor y tristeza, que los refugian en un oscuro panorama y que los tiene sumergido en llanto y aferrados a una vida a la que no pertenecen en donde quisieran retroceder el tiempo y corregir parte de sus errores.
La sede del colegio “Alianza para el progreso”, en Cúcuta, pasó de ser una institución educativa a convertirse en un hogar de paso para los damnificados del barrio San Rafael, desde hace más de cinco meses.
En esta ciudad el inconveniente surge debido a los enfrentamientos verbales que a diario las personas afectadas por las lluvias tienen con la comunidad educativa, quienes en medio del contexto que los rodea cuestionan fuertemente la actitud de los damnificados por el tiempo que llevan en estas instalaciones.
Situación que para las familias es entendible de cierta manera, teniendo en cuenta que la crisis económica por la que atraviesan, debido a la falta de oportunidades laborales, les impide cancelar un arriendo que en la zona de frontera supera los trescientos mil pesos ($300.000) por familia, afirmando que el subsidio de arrendamiento es insuficiente para la cantidad económica que los propietarios de las viviendas con capacidad de alojamiento están solicitando.
Un panorama más dramático, viven los damnificados de Gramalote que fueron ubicados en el Colegio INEM “José Eusebio Caro”. Allí de las más de cien familias que en su momento llegaron a ocupar las instalaciones de este plantel, hoy solo quedan 58, pero han sido tal los problemas de convivencia entre docentes, estudiantes y damnificados, que el rector de la institución se vio en la necesidad de solicitarles que desalojen el colegio para evitar que las discordias que se están presentando puedan registrarse hechos violentos.
Situación que para los gramaloteros es difícil de enfrentar, expresan que están ahí, no porque quieren, sino por cuestiones ajenas a su voluntad que les tocó asumir. Señalan que el gobierno nacional ha realizado muchas acciones protocolarias pero ninguna concreta para una reubicación firme hasta el momento que les permita vivir en condiciones dignas.
Igual posición asumen los damnificados de Cúcuta, quienes ven con preocupación como el tiempo avanza y esta zona del país continúa como la tierra del olvido para el gobierno nacional.
Mientras tanto, muchos de ellos ven el pasar de los días con sentimientos de dolor y tristeza, que los refugian en un oscuro panorama y que los tiene sumergido en llanto y aferrados a una vida a la que no pertenecen en donde quisieran retroceder el tiempo y corregir parte de sus errores.
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