De clínica en clínica, una mujer con siete meses de embarazo busca desde hace dos meses que se le practique un aborto ordenado por dictamen médico.
Según Paola Soto, de 23 años, los doctores le detectaron una malformación del feto que tiene en riesgo su salud, la mujer denunció que la ARS a la que pertenece se niega realizarle el procedimiento y el Instituto Departamental de Salud no lo autoriza.
Esta situación ha generado que las organizaciones defensoras de derechos Humanos cuestionen la labor de los organismos competentes. Para el director de la fundación Provida, Nicolás Salazar, se trata de un caso de negligencia que viola las normas constitucionales, debido a que cuando se está en riesgo una vida, las entidades de salud están en la obligación de realizar el procedimiento.
Por su parte, los directivos de los entes de salud comprometidos en el caso hasta el momento se abstienen de pronunciarse.
Según Paola Soto, de 23 años, los doctores le detectaron una malformación del feto que tiene en riesgo su salud, la mujer denunció que la ARS a la que pertenece se niega realizarle el procedimiento y el Instituto Departamental de Salud no lo autoriza.
Esta situación ha generado que las organizaciones defensoras de derechos Humanos cuestionen la labor de los organismos competentes. Para el director de la fundación Provida, Nicolás Salazar, se trata de un caso de negligencia que viola las normas constitucionales, debido a que cuando se está en riesgo una vida, las entidades de salud están en la obligación de realizar el procedimiento.
Por su parte, los directivos de los entes de salud comprometidos en el caso hasta el momento se abstienen de pronunciarse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario