Antes de cruzar la línea limítrofe de regreso a territorio colombiano, cinco buses de la empresa Corta Distancia, que por décadas ha transportado nacionales de los países vecinos entre las poblaciones ubicadas a ambos lados de la frontera, fueron detenidos, sus pasajeros requisados y los pequeños mercados, que llevaban a sus hogares, confiscados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
El inusual hecho provocó la reacción inmediata del alcalde de la capital nortesantandereana, Donamaris Ramírez-París Lobo, quien rechazó la acción de los guardias e hizo un llamado al presidente venezolano Nicolás Maduro a “combatir el gran contrabando realizado por empresas criminales a cargo de los grupos al margen de la ley con el presunto concurso de la Guardia Nacional Bolivariana y a respetar el legítimo intercambio a pequeña escala, legalizado por el uso y la costumbre.”
Recordó el mandatario cucuteño el más de un siglo en que su ciudad natal sirvió de supermercado a todos los venezolanos. Trajo a colación las caravanas de buses que llegaban a Cúcuta en excursión, desde todos los puntos de la geografía del hermano país, con venezolanos ávidos de gastar sus petrobolívares y al regresar cargados de mercancía nunca eran hostigados por las autoridades aduaneras de Colombia. Ahora que el diferencial cambiario favorece el flujo comercial en sentido inverso, el alcalde Ramírez exige de las autoridades venezolanas un trato recíproco al históricamente exhibido por Colombia.
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