EL CARIBE CLAMA JUSTICIA - POR: JOSÉ CONSUEGRA

Esperamos que los planteamientos gubernamentales logren atajar este abusivo aumento tarifario que se suma a los problemas de calidad de la prestación del servicio que, en años recientes, se convirtió en un detonante de la protesta social en los departamentos del Caribe, donde son frecuentes los bloqueos de los ciudadanos con quemas de llantas y árboles para exigir un suministro continuo y eficiente.

El rigor del alto costo de la electricidad atropella inclementemente a los hogares de la región Caribe. Nuestros departamentos sufren esta calamidad agravada por la suma de factores como las recientes disposiciones tarifarias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) junto al incremento de la inflación y el IPC, causando un grave impacto en sus posibilidades de crecimiento económico, transformación productiva y desarrollo social.

Los datos revelados por el DANE dan cuenta de que, en agosto pasado, el precio de la electricidad se elevó para los usuarios hasta en un 25,9 % con relación al mismo mes del año pasado. De julio a agosto de este año los valores subieron 3,32 %. Esta región lleva la peor parte en el país por la incidencia en el incremento tanto del aumento de los costos de la generación, como las inversiones para la distribución de la energía y las pérdidas por ineficiencia del anterior prestador cuyo cobro retroactivo a los usuarios fue autorizado por la CREG a las empresas Air-e y Afinia. Las ciudades que encabezan los primeros lugares del país con la mayor variación tarifaria son Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Montería, Valledupar y Cartagena.

La situación es tan insostenible que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se refirió a la necesidad de una movilización social para exigir soluciones. A raíz de las quejas, el Gobierno Nacional ya lideró los primeros encuentros con agentes del sector, agremiaciones, autoridades territoriales, veedurías y organizaciones de usuarios, con quienes se acordó un cronograma de trabajo para la búsqueda de medidas a corto y largo plazo para atender, definitivamente, esta delicada problemática que coadyuva a acrecentar aún más los niveles de pobreza en la región y aumenta la brecha que nos separa de la región central del país.

En ese ‘Pacto por la justicia tarifaria’, como lo ha denominado el Gobierno, se trabaja en la definición de un indicador económico específico para el sector que permita bajar los valores en los recibos; así mismo, será revisada la regulación de las tarifas de energía con el propósito de que estas sean estables y asequibles en el tiempo.

Esperamos que los planteamientos gubernamentales logren atajar este abusivo aumento tarifario que se suma a los problemas de calidad de la prestación del servicio que, en años recientes, se convirtió en un detonante de la protesta social en los departamentos del Caribe, donde son frecuentes los bloqueos de los ciudadanos con quemas de llantas y árboles para exigir un suministro continuo y eficiente.

La electricidad dista de ser un lujo. Es un servicio básico para el bienestar, la salud, la educación y la productividad de las personas, además de uno de los requisitos básicos para la competitividad regional: servicios públicos eficientes a precios razonables.

El Caribe no resiste más injusticia. Solo la lucha unida de los estamentos gubernamentales, empresariales y sociales conseguirá que se estructuren unas tarifas equilibradas y justas, como las amerita la región.