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domingo, 4 de junio de 2017

La desaparición forzada: El delito de la incertidumbre sempiterna


La semana internacional del detenido desaparecido, se erige como una oportunidad para homenajear a quienes han sido forzados a permanecer en una incertidumbre constante y para visibilizar y recordar a quienes permanecen deasparecidos.

La desaparición forzada es una práctica de larga data; cometida en cientos de países a lo largo de la historia, esta tenebrosa práctica, ha dejado una larga lista de víctimas en el mundo. Se entiende en términos generales como cualquier tipo de privación de la libertad de una persona por parte de un tercero, quien intencionalmente se niega a reconocer dicha privación y a dar información sobre el paradero de la persona, con lo cual se despoja a la víctima del amparo de la ley por un periodo de tiempo. 

Este crimen involucra la violación de varios derechos, no sólo de la víctima directa, es decir, de la persona que permanece retenida u ocultada, sino también de sus familias y de la sociedad en general, quienes son sometidos a una incertidumbre incesante. Mientras la persona desaparecida pierde su libertad y en ocasiones es torturada, su familia se enfrenta a una situación dramática ante la zozobra y el sufrimiento de no conocer el paradero de su ser querido, de no saber si volverá a verlo con vida y, por tanto, de la imposibilidad de realizar un duelo. 

Dado su carácter universal, la desaparición forzada cuenta con un amplio marco legal de orden internacional con el que se compromete a los Estados a prevenir, combatir y no realizar esta práctica, así como a brindar a sus víctimas las garantías necesarias para que se conozca la verdad, se haga justicia y se consoliden condiciones óptimas para que no se repitan los hechos. Los Estados son los primeros garantes de que no se cometan desapariciones forzadas por lo que recae sobre éstos la responsabilidad de investigar lo ocurrido y acompañar a los familiares o víctimas indirectas de tal crimen, además de repararlos integralmente. 

Es importante señalar que la existencia de un conflicto armado no internacional en el país, ha permitido que la autoría y responsabilidad sobre el delito de desaparición forzada no recaiga exclusivamente en el Estado, como está establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también en particulares e integrantes de grupos armados al margen de la ley, sobre quienes recae también la obligación de responder por tal delito; además, a la luz de la Corte Penal Internacional, los autores de desaparición forzada podrán ser investigados y juzgados internacionalmente. 

Infortunadamente, Colombia es uno de los países donde la desaparición forzada ha estado presente a lo largo de su historia, superando en número incluso, las cifras de países que padecieron largas dictaduras; es así porque en el marco del conflicto armado, esta práctica ha sido un crimen de guerra cometido por diferentes actores. Actualmente se encuentran inscritas en el Registro Único de Victimas (RUV) 166.407 personas entre víctimas directas e indirectas de este delito. En el conflicto armado colombiano tanto la población civil como los miembros de la Fuerza Pública han sido afectados por un sinfín de hechos violentos como el de la desaparición forzada; se estima que en el país se encuentran desaparecidos alrededor de 231 agentes del Estado, de los cuales 132 serían miembros del Ejército Nacional.

En Norte de Santander, una de las regiones que ha sido históricamente escenario de confrontación de los diferentes grupos armados ilegales, las cifras han sido altas, concentrándose especialmente en la región del Catatumbo, Cúcuta y su área metropolitana. El RUV tiene el registro de 1.278 víctimas directas y 3.575 víctimas indirectas de desaparición forzada en el departamento, lo que ubica a ésta práctica como el tercer delito con más víctimas en la región, después del homicidio y el desplazamiento forzoso. Los mayores perpetradores de este crimen han sido los grupos armados ilegales de autodefensa, cuyas versiones dadas por quienes se han acogido a la ley de justicia y paz, han aportado, aunque de manera insuficiente, al esclarecimiento de cientos de casos. Con los relatos de los desmovilizados se ha podido establecer que lejos de ser parte de cuentos ficticios de terror, efectivamente existieron en el departamento hornos crematorios en los que fueron desaparecidos para siempre varias personas y que, efectivamente, por las aguas de los ríos Catatumbo y Zulia entre otros, corrieron los cuerpos sin vida de otro tanto.

El Catatumbo, una región con paisajes encantadores y proyectada en sus primeras épocas de la historia como la despensa más grande del nororiente de Colombia, es ahora la mayor productora de hidrocarburos del país; y guarda en su memoria la historia más terrorífica en cuanto a desaparición forzada se refiere. Historias que han dejado familias incompletas y ausencias incomparables que parecen no tener respuesta, vivencias a las cuales no han sido exentos los miembros del Ejército Nacional y sus familias también han sido víctimas de estos hechos atroces, hechos que nos recuerdan la crueldad de este delito y la importancia de que se siga luchando para que el clamor de las victimas sea escuchado y este tipo de crímenes no queden impunes.

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