Capturadas 5 personas quienes se dedicarían a la práctica de abortos clandestinos y el tráfico de recién nacidos

Como resultado de las acciones institucionales encaminadas a proteger a la infancia y adolescencia, en las últimas horas la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) desplegó la operación ‘Alfa’ que permitió la captura de cinco presuntos integrantes de una supuesta red delincuencial, que desde hace más de 20 años se dedicarían a la práctica de abortos clandestinos y el tráfico de recién nacidos.

Las capturas de las personas de 37, 41 y 57 años y dos de 40 años, se ejecutaron en los barrios Patio Centro y La Sábana de Los Patios y La Playa de Cúcuta, en cumplimiento a órdenes judiciales expedidas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta, por los delitos de tráfico de niños, niñas y adolescentes, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y supresión, alteración o suposición de estado civil. 

Dentro de la investigación que comenzó en el año 2013, personal del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta, logró judicializar a un médico, dos enfermeras y dos particulares más, quienes harían parte de la estructura delincuencial que tendría como epicentro delictivo una clínica ubicada en el municipio de Los Patios y una unidad médica que funciona en el centro de Cúcuta.

Durante la investigación que involucró la actuación de un agente encubierto y búsqueda selectiva de información en base de datos, entre otras actividades judiciales, se estableció que la actividad ilícita comenzaría cuando, con el objetivo de practicarse un aborto clandestino, las madres en gestación llegarían hasta la unidad médica ubicada en el barrio La Playa de Cúcuta, donde el galeno prestaba sus servicios como médico general.   

El profesional de la salud las remitiría para la clínica de Los Patios donde también laboraría. En este centro asistencial se llevaría a cabo la práctica del aborto en el caso que la gestación fuera inferior a los cuatro meses. Pero, si el embarazo superaba esta etapa, el médico y las enfermeras entrarían a negociar la segunda fase que sería la prolongación del embarazo bajo su supervisión para posteriormente ejecutar la venta de los recién nacidos.

En este tiempo, la madre recibiría los cuidados médicos necesarios a cargo de estas personas, quienes suministrarían medicamentos para la maduración pulmonar de los bebés y garantizar así su normal nacimiento a los siete meses.

Al realizarse el parto en la clínica de Los Patios, los integrantes de la red delincuencial se harían cargo del bebé y se daría inicio al proceso de comercialización en precios que oscilarían entre los cuatro y cinco millones de pesos. Los compradores serían padres que no podrían procrear, particulares o personas del mismo núcleo laboral de la salud. También se conoció que presuntamente un niño y una niña de 3 y 5 años de edad, quienes aparecen registrados como hijos de las dos detenidas habrían sido comprados por ellas, producto de la práctica ilícita.

En la clínica, los integrantes de la red expedirían de forma fraudulenta los certificados de nacido vivo de los bebés, documento que era aportado por los supuestos padres a la hora de registrarlos en las notarías, donde asumirán su papel como padres biológicos.

Entre tanto, cuando practicarían los abortos clandestinos también en la clínica de Los Patios, las madres deberían cancelar sumas que irían entre los $450.000 a $600.000, transacción económica que realizarían preliminarmente en la unidad médica de Cúcuta. Los fetos o los restos de los mismos, serían entregados a las progenitoras quienes se encargarían de su manejo.

Esta es la primera fase de la operación ‘Alfa’, ya que continua abierta en espera de establecer la participación de otras personas en esta cadena delictiva y la posible ubicación de menores de edad víctimas de esta práctica delincuencial, teniendo en cuenta que las personas que compraron los recién nacidos también serán judicializados.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta, mientras que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se le informó sobre la situación de los dos menores de edad.